Opinión
El 14 de agosto, en el tribunal 17, del Palacio de Justicia en Caracas, la Jueza Decimoséptima de Primera Instancia Itinerante, Vanessa Lista, sentenció al ex funcionario del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) Ángel Romero, conocido con el alias de “Manguera” a la pena máxima de 30 años por el asesinato de Sabino Romero, líder de las comunidades yukpa en lucha por sus territorios.
La sentencia, si bien no resarce la dolorosa y sensible pérdida del cacique asesinado, constituye un importante precedente en la historia venezolana pues, quizás por vez primera, se reivindica por vía jurisdiccional la justa lucha de los pueblos originarios por la defensa de sus derechos. No es necesario detallar acá las presiones, amenazas y el acoso de que fueron y son víctimas los familiares, amigos, deudos y compañeros de lucha de Sabino Romero para que desistieran de la denuncia del crimen, lo cual fue suficientemente reseñado por las redes sociales y medios de prensa regionales y nacionales, pero es necesario mencionarlo para dar idea de la complejidad del tema, a la vez que alertar sobre la nefasta continuidad que pudiera sobrevenir por parte de los poderosos intereses afectados, como respuesta a la correcta decisión del tribunal.
El cacique Sabino lideró valientemente en los últimos años, la recuperación de los territorios indígenas de su pueblo. No fue él la única víctima de la clase terrateniente zuliana. Los Yukpas han pagado un caro precio por sus recuperar sus tierras. También fue muerto a golpes el padre de Sabino, a sus 97 años de edad. Como también otros familiares y jefes indígenas de la zona. Cada paso avanzado por nuestro hermanos indígenas, costó vidas, heridos y presos.
Aún está pendiente, la revisión de la condena a los otros sicarios participantes en el homicidio, Jhon Luis Petit, Giovanny José Delgado, Rigoberto José Socorro Morán, D’erizan Romero Eusquides Jesús y Delvis José Cárdenas Palencia, ex funcionarios de PoliMachiques. El Tribunal Supremo ordenó la revisión de la pena de 6 años y dos meses que están cumpliendo como resultado del juicio, por considerar que los afectados no fueron solo el luchador indígena y su esposa Lucía -quien resultó herida en el atentado- sino también la comunidad originaria, por ser el asesinado “un cacique de la comunidad étnica Yukpa, que lideró una lucha por el derecho a las tierras ancestrales de su pueblo”, según establece el dictamen de la máxima instancia judicial.
Restan dos aspectos esenciales para hacer justicia en este caso. Son dos grandes deudas a saldar del y por el pueblo bolivariano. Lo primero es determinar las responsabilidades intelectuales que movilizaron a los sicarios, quienes no actuaron por voluntad propia, debido a venganza personal o cualquier otro interés particular, sino que, casi con toda seguridad, fueron pagados por poderosos personajes de la región. Según algunos denunciantes ya hay nombres concretos indiciados, por lo que las investigaciones deben proseguir hasta el final. Es un buen ejemplo de como la clase oligarca promueve el paramilitarismo en contra de la clase humilde luchadora, infiltrando los cuerpos de seguridad pública. Lo segundo -y quizá lo principal- es profundizar y garantizar la justa demarcación del territorio indígena, labor que inició el gobierno revolucionario por mandato del presidente Hugo Chávez y ha sido continuada por el presidente Maduro, en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Culmino estas líneas enviándole un saludo solidario al aguerrido pueblo yukpa, expresando mi beneplácito por la reciente sentencia y haciendo un llamado a no desmayar para que prevalezca la equidad y la rectitud de la justicia.
Fuente: Página oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
