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Las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público (MP) sobre la espiral de violencia insurreccional vivida entre abril y julio de este año, junto con testimonios de víctimas y familiares de fallecidos en medio de ese conflicto, alimentan el informe que caracteriza los hechos delictivos por motivos políticos registrados en esos cuatro meses.
El documento, que será presentado a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), perfila las diversas expresiones de odio que se promovieron al término de movilizaciones de calle, con la intervención de escuadras de choque; convocatorias al cierre de vías y el ataque directo de instituciones del Estado venezolano.
A inicios de noviembre, cuando la ANC aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara, involucrado en planes sediciosos, la comisión ya había ofrecido un primero balance de los daños sufridos en el país, donde se reportaron 4.439 acciones de violencia en las principales ciudades del país.
De acuerdo con esa primera relación, 121 personas resultaron fallecidas y 1.958 personas lesionadas por el fomento de prácticas como crímenes de odio y el ataque a personas en medio de acciones vandálicas, entre otras situaciones.
Los ataques, además, dejaron pérdidas al sector público y privado: se produjeron 917 agresiones contra comercios y establecimientos privados, que ameritaron la atención del Estado venezolano, y 913 contra instituciones públicas.
En medio de la espiral de violencia, además, se atacaron espacios dedicados a la protección social del pueblo, con la agresión de 10 escuelas y ocho centros de salud, como el Materno Infantil Hugo Chávez, ubicado en El Valle, Caracas, en abril, y la Maternidad de Carrizal, estado Miranda, en mayo.
El plan insurreccional también tenía entre sus objetivos la afectación de los servicios públicos esenciales, pues fueron destruidas 166 unidades de transporte, resultaron quemados dos centros de acopio de alimentos, 12 estaciones del Metro de Caracas resultaron vandalizadas y el Sistema Eléctrico Nacional sufrió 30 ataques.
Los grupos que alentaron el plan sedicioso tenían entre sus objetivos desafiar el orden institucional, al pretender destruir la capacidad de respuesta de los órganos de seguridad. Como resultado, 829 efectivos fueron heridos, 73 de ellos por arma de fuego.
Toda esta información fue recabada a través de reuniones y entrevistas con víctimas directas de estos delitos, familiares de fallecidos, organizaciones sociales e, incluso, miembros de escuadras de choque financiadas para estimular la violencia.
Soporte institucional
La investigación de la espiral de violencia política está en manos de instancias como el MP, luego que fuera nombrado fiscal general Tarek William Saab. Con su gestión, se iniciaron acciones destinadas a escalecer estos crímenes ante la inacción de su antecesora, Luisa Ortega Díaz.
Tras el esfuerzo institucional, «ya hemos culminado un informe muy claro, una caracterización de la violencia ocurrida en el año 2017, desde el 3 de marzo hasta el 30 de julio inclusive, cuando el pueblo fue víctima de ataque premeditado, organizado, financiado por sectores extremista de la oposición venezolana», dijo la presidencia de la comisión, Delcy Rodríguez, este miércoles en una actividad en la Casa Amarilla, en Caracas.
La comisión ahora se propone avanzar en la investigaciones de las acciones violentas inscritas en el plan insurreccional La Salida, consumado en 2014, que condujo al asesinato de 43 personas.
FUENTE: Agencia Venezolana de Noticias.
