Opinión
El Libertador en uno de sus pensamientos dice: “la justicia es la reina de las virtudes republicanas, y sin ella jamás alcanzaríamos la igualdad y la libertad.”
El pueblo, en ejercicio de su soberanía, salió a aprobar y se dio su Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra Constitución, la primera en la historia de nuestra Patria aprobada por el Pueblo, en votaciones directas y secretas.
Nuestra Constitución, en el artículo 2, establece: “Venezuela se constituye en un Estado democrático, social de Derecho y de Justicia (…)”.
En el artículo 3, establece que es fin del Estado la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Todos sabemos que sin justicia no habrá paz verdadera.
También, la Constitución en el artículo 5, señala que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y que los órganos del Poder Nacional se deben a esa soberanía y a ellos están sometidos.
El pueblo clama Justicia ante sentencias corruptas u omisiones corruptas de magistrados y jueces, que atentan contra la Patria con la puñalada de la impunidad que constituye el peor crimen que se puede cometer contra un Estado democrático.
Hoy en día, ese pueblo está en la calle pidiendo justicia ante el asesinato terrorista del Fiscal Danilo Anderson; está pidiendo justicia contra el crimen cometido a la ciudadana Linda Loaiza; está en la calle pidiendo justicia contra la sentencia del 14 de agosto de 2002, una sentencia que burla la inteligencia de los venezolanos, que dice que aquí en Venezuela en el 2002 no hubo un golpe de Estado, sino que unos militares preñados de buenas intenciones se aparecieron en el Palacio de Miraflores y se llevaron al Presidente de la República a un calabozo, en Fuerte Tiuna, para protegerlo. Eso, no puede suceder más en este país.
Yo quisiera hacer mención de dos párrafos de esa sentencia. Una sentencia cuyo ponente fue el Magistrado Franklin Arriechi, destituido –yo digo gracias a Dios– por esta Asamblea Nacional.
La sentencia en forma, creo, de burla, establece, y voy a citar textualmente: “Nuevamente se demuestra que no fueron los imputados quienes pudieron ejercer presión para obtener la renuncia del Presidente, sino de ser cierto ello”, es decir, cierto que renunció, “fueron personas distintas y, además, que le dijeron que lo dejaban bajo protección”, páginas 77 y 78 de la sentencia.
Más adelante expresa la ponencia del ex magistrado Arriechi, cito: “En esas condiciones no puede atribuirse a los imputados la detención arbitraria del Presidente si en esa oportunidad se trataba de un ex Presidente”, página 80 de la sentencia.
Días después de dictarse esta sentencia, la periodista, Lucy Gómez, corresponsal del Diario Notitarde en Caracas, lanza a la luz pública un desayuno que sostuvo en el Press Club Caracas Luis Miquilena con un grupo de periodistas, en el cual estaba ella presente. Dijo Luis Miquilena en esa oportunidad: “Hay algunos que piensan que entre mayor actividad, mayor protagonismo, y otros que a mayor actividad corresponde más eficiencia. Yo tengo un sentido más desarrollado de la eficiencia y he estado trabajando en eso; no se hubiera dado sin mí una sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia, como la que se dio, favoreciendo a los militares, y eso tiene un interés fundamental, más que todos los mítines que yo hubiera podido dar”.
Se evidencia,, como factores de diferentes índoles han intervenido en la aplicación de la justicia venezolana, o en este caso, en la aplicación de la injusticia, dándole la espalda al pueblo.
¿Qué vino luego de la sentencia del 14 de Agosto del 2002, donde el TSJ dictaminó que en Venezuela no hubo golpe de Estado?
Voy a citar a dos personajes cuyo contenido de la cita son consecuencias directas de esa sentencia: “El éxito del paro es evidente, la distribución de combustible se ha visto reducida en un gran porcentaje, afectando el abastecimiento en toda la geografía nacional. El paro cívico se está sintiendo en cada región del país, la caída de la producción petrolera es superior al 90%; las aerolíneas consideran pérdidas, la ausencia de viajeros supera el 80%; las plantas productoras están paralizadas; el 80% de los supermercados tienen sus puertas cerradas; la economía está colapsada y los recursos del país están desapareciendo. La demanda de divisas está congelada”. Carlos Fernández, 12 de diciembre de 2002.
La otra cita: “El paro cívico nacional es un éxito indiscutible. El puerto marítimo de La Guaira se encuentra inoperativo. La empresa Bauxiven en Guayana suspendió operaciones al igual que lo han hecho Alcasa, Sidor, Venalum. El país entra en las próximas horas en un estado crítico en lo que respecta al abastecimiento y suministro de toda clase de combustible, incluso, el gas doméstico”. Carlos Ortega, 18 de diciembre de 2002.
Yo no me canso de decir que esta sentencia no solamente tiene que ver mucho o trajo como consecuencia directa el paro petrolero, los asesinatos de la plaza Francia, en Altamira, las bombas en la Embajada de España y el Consulado de Colombia, las guarimbas y, sin duda alguna, el asesinato criminal del Fiscal Danilo Anderson.
Yo, crudamente, en el mismo diario Notitarde, escribí que el primer paso en el asesinato del Fiscal Danilo Anderson lo dio el Tribunal Supremo de Justicia mediante la sentencia número 38 de la Sala Plena Accidental del 14 de agosto de 2002.
Finalmente, quiero citar, un párrafo de una carta que cuando llegué a la Asamblea Nacional 2 dias después de dictarse la desgraciada sentencia, me entregó un grupo de ciudadanos que estaban en la puerta de entrada, para que se la hiciera llegar a todos los Magistrados y a los Diputados.
Solamente voy a tomar el último párrafo de esa carta: “Sepan ustedes, Diputados y Diputadas, Magistrados y Magistradas, y todos aquellos funcionarios del Estado que tienen sobre sí la responsabilidad de velar por los más altos intereses de la República, así como la defensa y garantías de los derechos del bravo pueblo venezolano, les anunciamos que estamos vigilantes ante el ejercicio de sus funciones en forma responsable, transparente y eficaz. No vacilaremos en hacer valer la soberanía de la cual somos titulares por mandato constitucional”. Firman los ciudadanos.
