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Los efectos del sistema neoliberal impulsado por gobiernos de los partidos Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), que se alternaron el poder entre 1958-1998, arreció en la década de 1990 con el incremento de los niveles de pobreza y omisiones de las demandas populares.
En aquel decenio, el 5,2 % de los niños entre 7 y 12 años no iba a la escuela, mientras que el 17 % de los hogares estaba en hacimiento crítico, porcentajes que reflejan la situación de un país donde cerca de la mitad de su población vivía en pobreza.
Ante ese panorama, en 1992 dos episodios revivieron la avanzada popular que, con indignación, se manifestaba en contra de la crisis del sistema político. Una, la del 4 de febrero, y la otra, la del 27 de noviembre, de la cual se cumplen este lunes 25 años.
La primera fue un alzamiento militar, y la segunda fue gestada por un grupo denominado Movimiento Cívico-Militar 5 de Julio, integrado por oficiales de alto rango de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional de entonces y civiles de diferentes organizaciones sociales revolucionarias que luchaban contra el gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez.
El Distrito Capital fue el epicentro de la rebelión que se extendió también a los estados Miranda, Aragua y Carabobo. En la génesis de los acontecimientos se encontraba la crisis de dos instituciones que hasta la fecha había sido sinónimo de la estabilidad democrática: los partidos políticos y la Fuerza Armada Nacional.
Entre los protagonistas de la rebelión destacan nombres como los de los contralmirantes Hernán Gruber Odremán, Luis Enrique Cabrera Aguirre, Francisco Visconti Osorio y los partidos políticos Bandera Roja y Tercer Camino.
Todo comenzó a las 4:30 de la mañana de aquel 27 de noviembre. El referido movimiento tomó bastiones de la capital y Miranda. Media hora después, despegaron una decena de aviones militares desde el estado Aragua hacia distintos puntos del país, dos de los cuales fueron derribados. Una de las unidades se estrella en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en la urbanización La Carlota.
A las 6:30 de la mañana, Pérez se dirige al país por Televen. Denominó la situación como «un coletazo del 4 de febrero», y anunciaba el control y la detención de los rebeldes.
Al mismo tiempo las calles del país mostraban una cara distinta. El pueblo resistía en contra del gobierno, que se aferraba al poder con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. La represión dejó, según cifras oficiales, 171 asesinados, mientras que otras dan cuenta de un número mayor a las 300.
En la noche, aunque la situación se encontraba controlada en el plano militar, se reportaron enfrentamientos entre la policía y civiles en las parroquias caraqueñas de Caricuao y 23 de Enero.
500 oficiales y suboficiales fueron arrestados tras los acontecimientos junto con 800 soldados sin rango y 40 civiles; no obstante, solamente 196 personas, entre civiles y militares, fueron llevadas a un tribunal militar, incluyendo a un grupo que huyó a Perú, pidiendo asilo político, y se les abrió un proceso en su ausencia. De estos, 97 fueron condenados y el resto absueltos.
Unas semanas después, la Corte Suprema de Justicia anuló los juicios y dentro del período de un año, todos los implicados ya habían sido liberados por los gobiernos de Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera.
FUENTE: Agencia Venezolana de Noticias.
